El Gobierno asegura desconocer por qué la cárcel de Siete Aguas lleva paralizada desde 2014

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Las respuestas del Gobierno a las preguntas de los diputados arrojan en ocasiones auténtica perlas que dejan perplejo con su lectura.

En el mes de julio el diputado de Esquerra Unida Ricardo Sixto preguntó al Gobierno de Pedro Sánchez por la situación de las obras de la cárcel de Siete Aguas, paralizadas desde hace 5 años. Sixto preguntaba por escrito por los motivos de la paralización de las obras, si se iban a reemprender y cuáles eran las previsiones para acabar la infraestructura.

La respuesta fue: “El Gobierno actual tiene que estudiar la situación creada e intentar resolver esta anómala circunstancia y desconoce los motivos de su paralización”. Además, el Gobierno de Pedro Sánchez confirma que de los 89,1 millones presupuestados para la obra hasta el momento se han ejecutado trabajos por valor de 14,5 millones. Los últimos trabajos datan de 2014.

Desde entonces, 5 años en los que se destina una partida presupuestaria de 14.262 euros para subcontratar a una empresa de vigilancia, para evitar actos vandálicos y robos en las instalaciones, lo que supone ya un sobrecoste de unos 850.000 euros en estos años sólo en vigilar una obra inacabada.

 

No hay presupuesto

Los motivos que el Gobierno de España asegura desconocer para la paralización de las obras son sencillos: no hay partida presupuestaria desde 2014 para la cárcel de Siete Aguas. Desde ese año los Presupuestos Generales del Estado sólo recogen una cantidad destinada a esas labores de vigilancia para evitar robos y vandalismo. Ni un euro más en cinco años para la continuar las obras.

Las obras fueron proyectadas y adjudicadas en 2010 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la UTE de Sacyr-Indra para la construcción del que sería el futuro centro penitenciario Levante II y que contaría con una capacidad para 1.194 internos, con 1.008 celdas distribuidas en diez módulos residenciales, cuatro polivalentes y cuatro de mujeres.

En 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy dejó de presupuestar partidas para continuar las obras, circunstancia que se mantiene hasta hoy.

 

Crítica de Ricardo Sixto

Para Ricardo Sixto “la respuesta que nos dan no sólo nos confirma que no hay una solución al problema sino que, además, continúa el derroche de dinero público”, y ha recordado que el PP, con Mariano Rajoy de presidente, ya reconoció que desde que se paralizaron las obras en 2014 hasta junio de 2017 el coste de la vigilancia de las instalaciones ascendía a 600.000 euros. En cambio, esta cantidad todavía es mayor debido a que el nuevo Gobierno confirma que se continúa abonando este gasto que llega a 14.262 euros al mes.

Sixto ha asegurado que esta respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez “evidencia que cada día que pasa sin que este equipamiento esté abierto supone un nuevo dispendio económico que al final pagamos todos los ciudadanos por la propia ineficacia de la política llevada a cabo por el PP y la falta de solución al mismo por parte del PSOE”.

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