El conflicto de la seguridad privada que divide a los vecinos de Calicanto

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La de Calicanto no es una urbanización más de los cientos que hay en la provincia de Valencia. Pertenece a tres municipios, Chiva, Torrent y Godelleta, y suma en torno a 3500 habitantes, de los que cerca de 3000 están en término de Chiva.

Además, muchos de sus vecinos están enfrentados desde hace años por la seguridad privada de la urbanización. Una asociación de vecinos la costea y obliga desde hace décadas a que todos sus habitantes la costeen, obligatoriamente, con un importe que ronda los 300 €  anuales por vivienda.

La obligatoriedad de pagar esa cuota por seguridad privada ha llegado a los tribunales. En primera instancia un juzgado de Torrent dio la razón a los vecinos que no querían seguir pagando ni “disfrutando” el servicio, la Audiencia Provincial la revocó y en este momento está en un recurso de casación en el Tribunal Supremo, que todavía no ha fallado.



Y es que en juego está una seguridad privada que defienden algunos vecinos, pero también un montante económico que podría llegar a los 750.000 euros si todos ellos pagaran (unas 2500 viviendas por 330 € al año), y que gestionaría una asociación sin mayor fiscalización que la de sus asociados, ni mayor obligación legal que dar cuentas en una asamblea anual, como cualquier asociación civil al uso.

 

El origen

Calicanto es una urbanización que comenzó a florecer en la década de los 60 del pasado siglo. En los años 70 el urbanizador de la zona no la finalizó y se quedó en un limbo jurídico que se mantuvo  durante más de dos décadas.

Hasta 1999 las calles de la urbanización fueron, desde el punto de vista legal, privadas, ya que el Ayuntamiento de Chiva no las recepcionó hasta ese año, asumiendo los servicios de mantenimiento y alumbrado entre otros; en el caso de Torrent no recepcionó sus calles hasta 2005 y con Godelleta no se hizo hasta está década.

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La Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto pidió a la Delegación del Gobierno en Valencia la autorización para que seguridad privada patrullara sus calles. Y la obtuvo en 1994, puesto que entonces sus calles eran “privadas”, y se justificaba. Con la recepción de las calles por parte del Ayuntamiento de Chiva en 1999 y de Torrent en 2005, dejan de haber elementos comunes privados en Calicanto. Y aquí comienza el conflicto entre vecinos que ha alcanzado momentos de tensión importantes.

Por el camino también se desgajó la fase Cumbres de Calicanto, que no tiene seguridad privada, sólo la tienen las fases de Santo Domingo y San Miguel de la urbanización.

 

Más de la mitad no pagan

En estos momentos los cálculos de los vecinos que se oponen a la  Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto, es que el 60% aproximado de los vecinos no paga esa “cuota obligatoria”, y el asunto de la obligatoriedad o no de pagar llegó a los juzgados en 2014.

En primera instancia un juzgado de Torrent dio la razón a los vecinos que no quieren pagar de forma obligatoria. La sentencia fue especialmente dura con la Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto, al asegurar que “carece de capacidad, legitimación y/o facultades para prestar, administrar o implantar servicios con carácter obligatorio para los propietarios”, e incluso instaba a su disolución “por falta de objeto”.

Este procedimiento, en el que ya participan 150 vecinos de Calicanto, sufrió un serio revés, al ser recurrido el fallo por la Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto. El resultado es que la Audiencia Provincial de Valencia dio la razón a la Asociación en 2016. Pero el proceso continúa, ya que ahora está recurrido por los vecinos ante el Tribunal Supremo, del que se espera una sentencia que  ya debería ser definitiva.

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El Supremo deberá pronunciarse sobre algo sencillo en apariencia: ¿están obligados todos los vecinos de Calicanto a pagar la seguridad privada?

Mientras, la Asociación de Propietarios Cumbres de Calicanto ha denunciado en juicios monitorios a más de medio centenar de vecinos que no han pagado en los últimos años. La denuncia es siempre por importe inferior a 2000 €, puesto que un juicio monitorio por debajo de esta cifra no admite recurso, sea cual sea la sentencia. Lo han denunciado en juzgados de Quart de Poblet, Torrent, Valencia o Requena, y han ganado aproximadamente un 50% y perdido el otro 50%, con lo que no hay unanimidad en las sentencias por posibles deudas atrasadas entre los jueces.



 

El segundo frente de batalla

Pero la judicialización de este asunto es sólo el primer frente de esta batalla. El segundo es la Delegación del Gobierno en Valencia y la autorización para que la seguridad privada patrulle las calles de Calicanto.

Los vecinos reacios a pagar reconocen que la autorización de 1994 de la Delegación del Gobierno para que seguridad privada patrullara las calles era perfectamente legal. Entonces, pero no después de que en 1999 Chiva, y en 2005 Torrent, recepcionaran las calles de la urbanización, que pasaron a ser públicas, incluso la carretera CV-411 pasa por Calicanto.

Para estos vecinos, así como para su abogado, “las condiciones que se daban en 1994 dejaron de existir en 1999, de ahí que sea  una barbaridad que seguridad privada armada patrulle las calles de un pueblo, porque estas calles de Calicanto son de Chiva y de Torrent, tanto como las del casco urbano, y nadie se imagina a un vigilante de seguridad armado patrullando cualquier calle o avenida del centro de Torrent o Chiva”.

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Por ello, los vecinos, a través del concejal Manuel Verdeguer, presentaron una moción en el pleno del mes de marzo de Chiva para que éste “cancele el servicio de seguridad privada en Santo Domingo y San Miguel de Calicanto”. A pesar de salir adelante en el pleno la única administración con capacidad para tomar esa decisión es la Delegación del Gobierno en Valencia.

Pero esta resolución del pleno de Chiva sí se incorporará a la tramitación que pretenden llevara adelante los vecinos ante la Delegación del Gobierno para anule su autorización de 1994. ¿Y si esto ocurre? La seguridad privada podrá prestar servicio a aquellos vecinos que lo deseen y lo paguen, en sus propiedades privadas, pero nunca sobre suelo público.

La tensión entre vecinos de una y otra opinión es máxima. En el último pleno de Chiva se llegaron a oir insultos entre el público presente, y las posturas son irreconciliables.

El Tribunal Supremo y la Delegación del Gobierno tienen las llaves para que una u otra parte tenga la razón de forma definitiva.

1 Comentario

  1. Disolución de la asociación de propietarios de Calicanto. Asociación corrupta que supuestamente ofrece servicios a la urbanización que son inexistentes a excepción de un servicio de vigilancia no necesario pero al que se obliga a pagar por mandatos judiciales. Señores, disuelvan la asociación, respeten el derecho a la libre asociación y dejen esta farsa corrupta… alguna auditoria de cuentas que mostrar? Todo el dinero recaudado va a parar a un servicio de vigilancia?

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