Comienza el juicio a 18 miembros de la mafia rusa Tambovskaya con ramificaciones en Jávea y El Campello

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La Audiencia Nacional comienza hoy el juicio contra 18 miembros de la mafia rusa Tambovskaya Malyshevskaya acusados de blanquear en España el “enorme rendimiento económico” que generaban sus actividades delictivas en otros países y que se enfrentan a penas de entre 5 y 8 años y medio de prisión, según ha informado EFE.

La operación arrancó en 2008 con la detención de varios de sus miembros y registros en despachos de abogados y empresas. Varias de estas actuaciones policiales se llevaron a cabo en Jávea y El Campello.

En su escrito de acusación, Anticorrupción acusa a 27 personas, aunque solo se juzgará a 18, de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita y pide penas de 8 años y medio de cárcel para el presunto cabecilla de la trama, Gennadius Petrov y su mano derecha, Leonid Khristoforov, y 5 años y 6 meses para el resto de encausados.



Según Anticorrupción, los acusados controlaban, desde sus residencias en las costas españolas, actividades delictivas en Rusia y luego canalizaban los beneficios en España.

Una decena de los imputados están en búsqueda y captura, entre ellos Khristoforov y Petrov, este último huido de la justicia desde 2012, cuatro años después de ser detenido en 2008 en la operación Troika por orden del juez Baltasar Garzón y puesto luego en libertad bajo fianza.

Desde sus residencias en España controlaban la red, a la que se imputan en otros países asesinatos, palizas por encargo, amenazas, coacciones, tráfico de armas, estafa, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contrabando, tráfico de drogas, delitos contra la Hacienda Pública y la descapitalización fraudulenta de sociedades.

Forman parte, según el Ministerio Público, de “lo que en el ámbito delincuencial de origen ruso ha venido en llamarse Comunidad Criminal (Prestupnoe Soobschestvo), integrada en una estructura que se trasladó y actúa en España desde el año 1996”.

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La mayoría de sus miembros tienen antecedentes penales en Rusia, otros países de la UE, Suiza y los Estados Unidos, y controlaban, desde sus domicilios en España, “las actividades criminales de los respectivos grupos delincuenciales que dirigen en su país de origen y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados”.

Los miembros de la comunidad criminal, cuyos dirigentes eran “compañeros de banda en su juventud”, compartían responsabilidad, se repartían segmentos de poder y empleaban “sus contactos para pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial”.



Con estos favores, destaca el escrito de Fiscalía, pretendían “seguir incrementando su riqueza, borrar su pasado criminal, vivir sin problemas en España o proporcionar auxilio fraternal a sus iguales en su llegada a nuestro país”

En el vértice de la organización figura Petrov, al que sus miembros se dirigían como “caudillo, líder o ‘boss'”, que es conocido en el mundo de la delincuencia rusa como una “Autoridad criminal” (Autoritievti) y tiene numerosos antecedentes.

En su entorno más próximo, indica la Fiscalía, estaban los imputados Elena Petrova, que participa en las decisiones importantes y en las sociedades de Petrov; Khristoforov, su “mano derecha” y que ejecutaba sus órdenes, y el abogado Juan Antonio Untoria Agustín, que le ayudaba a gestionar los fondos ilícitos.

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