El PP pide 6 años de cárcel para el alcalde de Serra por falsedad documental

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[Img #28912]La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha acogido hoy la primera sesión -de las dos previstas- de este juicio contra Arnal, un ingeniero municipal y dos secretarios accidentales del Ayuntamiento de Serra, acusados de certificar unas obras de rehabilitación del castillo que nunca se llevaron a cabo.
La denuncia fue presentada en 2011 por la entonces trabajadora del Ayuntamiento y actual presidenta del PP de Serra, Consuelo León, si bien su iniciativa fue secundada por el partido como acusación popular, que actualmente la sostiene en solitario al haber renunciado la denunciante original.
Esta trabajadora fue acusada de incurrir en falsedades en la tramitación de varios expedientes relacionados con subvenciones y despedida; posteriormente, el Ayuntamiento fue obligado a readmitirla por sentencia judicial aunque ella optó por cobrar la indemnización y no reincorporarse.
Posteriormente, según ha explicado a EFE, ella trató de demostrar mediante una querella que quien incurrió en falsedades fueron el alcalde y sus colaboradores, al tramitar unos certificados por unas obras que no se realizaron.
Esas obras se refieren al proyecto de rehabilitación del castillo de Serra que el Ayuntamiento convenió con Fomento mediante un acuerdo por el cual el Ministerio abonaría 100.000 euros en el momento de la firma y otros 250.000 en dos pagos (100.000 y 150.000), siempre que se certificase el avance de las obras y el desembolso por parte del Consistorio a la empresa adjudicataria.
El supuesto delito de falsedad, según la denuncia interpuesta por el PP, se cometió en la certificación de obras que Fomento requirió para abonar la segunda anualidad, es decir, otros 100.000 euros, una cantidad que el Ministerio llegó a transferir pero que el Ayuntamiento hubo de devolver al comprobarse que las obras no estaban ejecutadas, entre otros motivos, por carecer de la preceptiva autorización de la Generalitat.
Esas certificaciones, según la acusación, fueron firmadas por el alcalde, el ingeniero municipal y dos secretarios accidentales.

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Admite haber firmado dos certificaciones
En su declaración, el alcalde ha admitido haber firmado dos de las tres certificaciones de obra que fueron remitidas a Fomento, pero no una tercera, cuya firma no ha reconocido.
En este sentido, ha defendido que esas certificaciones fueron correctas ya que no contaron con informe negativo de la intervención municipal, porque “no certificaron obra no realizada, sino que consistieron en adelantos a cuenta”.
El alcalde ha declarado hoy que tras la firma del convenio con Fomento, la empresa adjudicataria, Secopsa, inició trabajos de acondicionamiento de la pista forestal que conduce al castillo, colocó andamios e hizo catas arqueológicas.
Por todos estos trabajos el Ayuntamiento abonó cerca de 35.000 euros.
“El informe remitido a Fomento en el que se indica que los trabajos estaban realizados y abonados me lo pasó a firma la denunciante, y fue error mío no comprobarlo, aunque posteriormente el secretario me informó del error y dimos cuenta a Fomento de que no se había pagado a la empresa adjudicataria las cantidades indicadas”, ha explicado Arnal.
Según su testimonio, la actual presidenta del PP local y extrabajadora del Ayuntamiento le dijo que “era urgente firmarlo para seguir con la tramitación de las subvenciones”.
El fiscal pide un año de inhabilitación para el alcalde y una pena de seis años para el ingeniero municipal, además de sendas penas de un año y nueve meses de inhabilitación, respectivamente, para los dos secretarios procesados.
El PP reclama una pena de seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación para el alcalde y el ingeniero municipal, e idénticas penas a las solicitadas por el Ministerio Público para los secretarios.

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