La Audencia de Alicante absuelve a Enrique Ortíz del delito de tenencia ilícita de armas

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[Img #22420]La Audiencia de Alicante ha confirmado la absolución del constructor Enrique Ortiz por el delito de tenencia ilícita de armas del que fue juzgado en julio de 2014, en lo que supuso su primera vista oral derivada del ‘caso Brugal’.
El Juzgado de lo Penal 3 de la capital provincial le exculpó, al igual que a otros tres acusados, al entender que no había quedado acreditado que tuvieran «disponibilidad material» sobre un revólver Smith and Wesson del calibre 38 guardado hallado en la caja fuerte de una de sus empresas.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional confiscaron el arma el 6 de julio de 2010 durante el registro de la sede del Grupo Cívica, en el marco de la ‘Operación Brugal’, que se saldó con la detención del propio Ortiz y el entonces presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), entre otras personas.
El directivo de una de las mercantiles de Ortiz, Vicente Ferrándiz, confesó que el revólver, para el que carecía de licencia, era suyo, pero adujo que lo había dejado olvidado en el habitáculo en 2003, al dejar de trabajar en la firma Camservi Obras y Servicios SL.
El juzgado le absolvió al considerar que el delito estaba prescrito y exculpó al promotor inmobiliario, a su cuñado Miguel Carratalá y a su empleado Luis Perea porque no había pruebas de que conocían la existencia del revólver ni de que hubieran tenido acceso al mismo.
La fiscalía solicitó durante la vista oral sendas penas de un año y seis meses de prisión para cada uno de los procesados y recurrió posteriormente la sentencia absolutoria en apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante.
La sección décima de esta institución ha confirmado ahora esa resolución tras dictaminar que no hay «elementos objetivos de juicio que permitan rectificar la valoración que el juez de instancia hizo».
El tribunal recuerda que el de tenencia ilícita de armas es «un delito de propia mano, cometido por quien posee de forma exclusiva y excluyente el arma», aunque la jurisprudencia admite supuestos de «posesión compartida».
En este caso, aun considerando que Ortiz y sus empleados conociesen la existencia del revólver en la caja fuerte porque tenían acceso libre a la misma, «ello necesariamente no indica que hubiera una tenencia compartida del arma para un posible e hipotético uso», apuntan los magistrados.
La sentencia de apelación, que fue notificada el viernes pasado a los interesados y a la que ha tenido hoy acceso Efe, resume que no se ha acreditado «la existencia de un pacto en la posesión o disponibilidad del arma» por los acusados.
Enrique Ortiz está encausado en otras tres ramas del ‘caso Brugal’, dos referentes al urbanismo de la ciudad de Alicante, en las que figura como investigado, y una tercera relativa al contrato para la recogida y tratamiento de residuos de la comarca de la Vega Baja.
En estas últimas diligencias, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado ya sus conclusiones provisionales, en las que reclama provisionalmente para el empresario 17 años de prisión.
Además, el constructor está imputado (término que tras una reforma legal se ha sustituido por el de investigado) en, al menos, otras dos investigaciones penales: la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunitat por parte de la red ‘Gürtel’ y los presuntos sobrecostes en la reforma del Teatro Calderón de Alcoy.