Se cumplen ocho años del crímen del acalde de Polop de La Marina, que sigue sin esclarecerse

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La noche del 19 de octubre de 2007, Alejandro Ponsoda recibió tres disparos por parte de unos desconocidos y uno de los proyectiles le alcanzó la cabeza y provocó su muerte una semana después en el Hospital General de Alicante.

Se cumplen ahora ocho años desde que tuvo lugar aquel suceso y el caso continúa estancado, sin avances en la investigación, con imputados que han salido de prisión al agotar el plazo preventivo sin que se celebre juicio.

Durante este tiempo, la Audiencia de Alicante aún no ha decidido si archiva el caso, como se le ha reclamado desde la defensa de varios acusados, o si mantiene la imputación, lo que terminaría abocándolo a un juicio con jurado.

Las primeras investigaciones tras el asesinato apuntaron a que el móvil del crimen pudiera ser el urbanístico, aunque sin descartar que estuviera relacionado con la doble vida que, al parecer, mantenía el alcalde asesinado.

En julio de 2009, ya con la investigación casi paralizada, apareció la figura de un testigo protegido que aseguraba estar trabajando en aquellos momentos en el club Mesalina, en el que se habría decidido la muerte de Ponsoda.

Este testigo también afirmó que habían tratado de encargarle a él el asesinato por una cantidad entre 30.000 y 35.000 euros, pero que no llegaron a un acuerdo por diferencias económicas.

Fue el testigo protegido el que facilitó los nombres de otros dos detenidos, los supuestos autores materiales: R.M.T y dos ciudadanos checos, R.R. y R. F.

Tras aquellas detenciones llegaron las de los dueños del club Mesalina en el que se habría urdido el crimen, así como la de S. R., supuestamente enfrentado con el alcalde muerto, y J. C., el sucesor de Alejandro Ponsoda en la alcaldía, principal encausado y supuesto cabecilla de la trama.

Poco a poco todos fueron abandonando la prisión debido a la falta de pruebas concluyentes contra ellos y por las contradicciones del testigo protegido, cuyas declaraciones fueron perdiendo credibilidad.

Durante estos ocho años, ni ha aparecido el arma homicida ni los imputados han admitido tener algo que ver en los hechos. Las evidencias son tan frágiles que el caso parece abocado a una situación cada vez más complicada.

Por si fuera poco, la jueza que inició la instrucción está ahora destinada en Barcelona y el capitán de la UCO de la Guardia Civil que encabezó la investigación fue apartado tras el ingente gasto realizado.

Para Francisco González, abogado de uno de los imputados, la razón principal para que la causa no se archive estriba en que «no se puede lanzar un mensaje a los ciudadanos de que alguien puede matar a un alcalde y que no pase nada, pero lo cierto es que no saben por donde meterle mano al caso».

Hace casi cinco años que todos los imputados salieron de prisión. «¿Por qué no se les ha juzgado ya?», se pregunta González, quien ha recordado que durante la investigación, a los presuntos sicarios «se les imputó, después se les retiró la imputación y luego se les volvió a imputar».

Francisco González también ha criticado la actuación de los familiares de Ponsoda como elementos claves para que la investigación no gire hacia la vida personal» del asesinado.