El supremo rechaza la indemnización y pensión que pedía Amorós por su despido de la CAM

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[Img #9242]El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso
presentado por la ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM), María
Dolores Amorós, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunitat Valenciana que ratificó la decisión de un juzgado de lo
social de Alicante de declarar su despido como procedente.

Con ello, la exresponsable de la caja se queda sin los 10 millones de
euros que reclamaba en concepto de lucro cesante y sin la doble
indemnización por el despido acordado por los administradores del FROB,
según ha informado en un comunicado el despacho de abogados Broseta. Con
esta decisión, Amorós tampoco recibirá una pensión que se fijó de casi
370.000 euros anuales.

El juzgado de lo social 4 de Alicante desestimó en marzo de 2012 la
demanda presentada por Amorós, y decretó que su salida de la entidad
había sido procedente, al entender que las conductas imputadas en la
carta de despido sí habían quedado acreditadas.

Amorós recurrió esta resolución ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que en
septiembre de 2012 desestimó también el recurso interpuesto y confirmó
la sentencia.

Tras esto, María Dolores Amorós interpuso ante el TS un recurso de
casación para unificación de doctrina contra esta última sentencia.
Ahora, en un auto contra el que no cabe recurso, el Tribunal Supremo ha
declarado la inadmisión del recurso interpuesto por María Dolores
Amorós.
ARGUMENTOS DE LA EX DIRECTORA

En su recurso al Supremo, la ex directora general de CAM alegaba que,
durante el juicio, su posibilidad de alegaciones se había visto
limitada, al no tener la oportunidad de responder a lo manifestado por
la demandada tras la ratificación de la demanda.

Su defensa invocaba a otra sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en la que la sala había observado indefensión y
había anulado las actuaciones, para retrotraerlas hasta el momento
anterior al juicio.

El Tribunal Supremo, sin embargo, considera que en el caso de Amorós
“no se aprecia que se haya vulnerado el derecho a la defensa” de Amorós y
sostiene que la sala “no limitó su derecho de alegación”. En este
sentido, subraya que “no se da contradicción respecto al fondo de la
cuestión”, y entiende que las modalidades procesales y las normativas
invocadas en las que recaen las sentencias comparadas “son completamente
diferentes”.
ALEGABA PRESCRIPCIÓN DE FALTAS

Por otra parte, Amorós alegaba también que las faltas que se le
imputaban habían prescrito, y comparaba su caso con otro recogido en una
resolución del TSJ de Baleares, que en el año 2000 declaró improcedente
el despido de un empleado del sector bancario.

En este punto, el Tribunal Supremo no aprecia contradicción entre las
dos sentencias, “no sólo porque se trate de despidos con base de
imputación de conductas diversas, cometidas en el ámbito de actividades
laborales o profesionales totalmente dispares, y en circunstancias
diferentes”, sino porque en el cómputo del plazo de prescripción de
faltas laborales concurren “elementos de diversidad relevantes”.

En la sentencia apuntada, al trabajador se le imputaba un único hecho
que era conocido por la empresa “con antelación suficiente”, mientras
que la conducta de Amorós “se ha venido prolongando y reiterando en el
tiempo” y la empresa no tuvo conocimiento “cabal y completo” de los
hechos imputados hasta que la caja no fue intervenida por la
Administración.

Por último, el auto puntualiza que, en el caso de Amorós, hay que
aplicar el cálculo del plazo de prescripción de faltas previsto para los
altos cargos.