El juez atribuye a Camps y Barberá delitos que pueden sumar entre 7 y 15 años de prisión

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/europapress/  En concreto, el magistrado atribuye a Camps y a Barberá, en su
exposición razonada que ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de
la Comunitat Valenciana (TSJCV), presuntos delitos continuados de
malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad en
documento oficial.

El magistrado apunta a estos delitos al considerar, entre otros
aspectos, que las contrataciones de Nóos fueron actos “estrictamente
voluntaristas” en la medida en que “no obedecían a procurar el interés
general” sino “sólo al deseo de doblegarse a las exigencias” del Duque
de Palma; y agrega que la aprobación del convenio por parte de la
Generalitat no estuvo precedido de ningún estudio económico ni de
mercado.

El delito de malversación, tipificado en el artículo 432.1 del Código
Penal, se atribuye a la autoridad o funcionario que, “con ánimo de
lucro”, sustraiga o consienta que un tercero, “con igual ánimo”,
sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón
de sus funciones. Está penado con entre tres y seis años de cárcel, y
entre seis y 10 años de inhabilitación.

Asimismo, el delito de prevaricación, recogido en el artículo 404,
contempla pena única de inhabilitación, que va desde los siete hasta los
10 años de prisión. Se atribuye a la autoridad que, “a sabiendas de su
injusticia”, dicte una resolución “arbitraria” en un asunto
administrativo.

Por otro lado, el artículo 436 describe el delito de fraude a la
Administración, y contempla penas de prisión de entre uno y tres años, e
inhabilitación para empleo o cargo público de entre seis y 10 años. Se
aplica a la autoridad o funcionario que se concierte con interesados o
use cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

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Por último, el delito de falsedad en documento oficial, tipificado en
el artículo 390.1.4º, será castigado, tal y como contempla el Código
Penal, con penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24
meses, e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años. Se
atribuye a la autoridad o funcionario que falte a la verdad en la
narración de los hechos.

El juez Castro ya ha remitido su exposición razonada al alto tribunal
valenciano –dado que Camps y Barberá son aforados–, en la que atribuye
estos cuatro delitos, y ahora será esta instancia la que se pronuncie
sobre los indicios de delito y la competencia. Este viernes, el TSJCV
todavía no había recibido el escrito de Baleares, según han confirmado a
Europa Press fuentes del tribunal.

La parte del proceso que el magistrado ha remitido al tribunal
valenciano afecta a la supuesta participación de Camps y Barberá en las
negociaciones previas a la firma del convenio del Valencia Summit, por
el que el Instituto Nóos percibió alrededor de tres millones de euros
públicos.