Un jurado declara culpable al joven voluntario de Protección Civil acusado del incendio en Vilamarxant

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    El jurado considera al joven culpable de quemar el monte «intencionadamente» con riesgo para la vida e integridad física de las personas. Así, se ha mostrado contrario a la suspensión de la pena y a la solicitud de indulto para el procesado.
    Tras la lectura del veredicto, –que ha tenido lugar este jueves– el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones, en las que pide 8 años y seis meses de cárcel por un delito de incendio con riesgo de propagación, en concurso con un delito de incendio forestal. Reclama, además, el pago de las responsabilidades civiles. Las acusaciones se han adherido a la petición del ministerio público, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
    Asimismo, el fiscal ha apelado al riesgo de fuga del condenado para solicitar a la magistrada presidenta del tribunal la adopción de medidas cautelares. En concreto, ha pedido que en tanto no haya sentencia y ésta no sea firme, se le retire al acusado el pasaporte, se le obligue a comparecer semanalmente en un juzgado y se oficie a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a la Policía de fronteras para que no pueda salir de España. La presidenta del tribunal popular resolverá sobre esta petición de medidas cautelares en breve, han indicado las mismas fuentes.
    El incidente tuvo lugar el 20 de julio de 2006, cuando el joven –tal y como recoge el escrito del ministerio público– prendió fuego –mediante la aplicación directa de llama al combustible vegetal– a los árboles de la partida denominada ‘La Pea’, en Vilamarxant.
    El joven sabía que en las proximidades existían núcleos de viviendas habitadas. La acción la ejecutó en dos puntos diferentes distantes entre sí, creando dos focos del incendio que, dado el viento existentes y las altas temperaturas, permitieron su propagación. El fuego afectó a 194 ha de monte arbolado –135,4  pertenecientes a Vilamarxant y 58,6 a Pedralba–, siempre según el mismo escrito fiscal.

    Terrenos de protección especial
    En concreto, el incendio afectó, según el informe ecotoxicológico elaborado por el Instituto de Medicina Legal, a terrenos catalogados como suelo no urbanizable de protección especial –monte de utilidad pública–. Además, generó un riesgo cierto para las personas, ya que avanzó sobre las viviendas sitas en la urbanización ‘La Paridera’ de Vilamarxant.
    Asimismo, una densa columna de humo impuso la evacuación de la urbanización, con unas 400 personas de unos 175 chalets, por riesgo de inhalación de gases derivados de la combustión. El fuego también afectó a una vivienda, a la que ocasionó desperfectos en la fachada y en el jardín.
    El incendio quedó extinguido el 24 de julio, sobre las 21.34 horas, y para ello intervinieron 13 camiones cuba de bomberos; ocho vehículos todo terreno; siete cubas de la Generalitat; seis vehículos todo terreno y siete cubas de la Diputación; seis helicópteros y 11 aviones; 145 componentes de brigadas forestales y bomberos; patrullas de Guardia Civil y componentes de Policía Local, entre otros.
    Diversos testigos afirmaron durante el juicio que vieron cerca de los hechos al joven voluntario de Protección Civil. Uno de ellos comentó que éste le preguntó si había cobertura porque pretendía llamar a Emergencias.