El Gobierno de Riba-roja achaca la denuncia de Podemos ante la Fiscalía a “un ansia de moción de censura”

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Uno de los momentos del pleno.

El secretario general de Podemos, Antonio Montiel y los tres concejales de Riba-roja Pot, Rubén Ferrer, Concepción Noguera y Andrés Fernández, han presentado esta mañana un escrito  en Fiscalía de Valencia con diversa documentación relativa a lo que esta formación considera son “presuntas irregularidades en expediente de contratación de asesoría jurídica” en el Ayuntamiento de Riba-roja.

El Gobierno de esta municipio, con el socialista Robert Raga al frente no ha tardado en reaccionar y ha asegurado en un comunicado que “dos informes de los departamentos de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria avalan plenamente el proceso de contratación pública de la asesoría jurídica en temas de derecho público y administrativo así como la defensa en juicio de procedimientos de orden civil y mercantil. Los citados informes desmienten tajantemente la denuncia interpuesta esta mañana por Riba-roja Pot en la Fiscalía de Valencia”.

El equipo de gobierno atribuye la denuncia de Riba-roja Pot a una “rabieta” del portavoz municipal, Rubén Ferrer, tras su reprobación pública y solicitud de dimisión aprobada por mayoría absoluta el pasado 8 de mayo por escuchar, difundir y manipular conversaciones privadas del grupo municipal Ciudadanos ocurridas en las propias dependencias del ayuntamiento “por primera vez en la historia democrática de nuestra localidad y que trascendió la opinión pública del municipio por su enorme gravedad”. Además, el gobierno local considera que la denuncia “responde a un claro propósito político de Podemos por adquirir notoriedad en el proceso de elecciones internas para elegir a sus miembros, aunque para ello tengan que mancillar el nombre del municipio sin ningún tipo de escrúpulos; el grupo municipal de Riba-roja Pot se ha convertido en el ariete político del Partido Popular en sus ansias por realizar una moción de censura contra el actual gobierno”.

Desde el consistorio del Camp de Túria se ha asegurado que los dictámenes municipales establecen que el Ayuntamiento de Riba-roja aplicó el procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público. Para ello, se presentaron tres ofertas y finalmente se adjudicó la de menor cuantía de ellas por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales, impuestos incluidos.

La ley actual del sector público atribuye a la alcaldía la competencia para adjudicar contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales y los contratos privados “cuando su importe no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis millones de euros, incluidos los plurianuales cuando su duración no sea superior a cuatro años”, requisitos todos ellos que cumple el contrato de asesoría jurídica, según se informa en el comunicado.

Ambos informes constatan que en el expediente de contratación se realizaron todos los trámites necesarios para su adjudicación definitiva como la providencia de alcaldía sobre incoación del expediente de conformidad, el pliego de cláusulas administrativas, el pliego de prescripciones técnicas, el informe favorable del secretario, el coste del contrato sin prórrogas y, por último, el informe sobre la existencia de créditos económicos para su financiación, sigue la nota del consistorio.

La contratación de la asesoría jurídica se aprobó mediante una resolución de alcaldía con fecha 8 de agosto de 2016 tras los informes favorables del secretario sobre los pliegos de condiciones para rubricar el contrato y de la interventora municipal del 18 de junio respecto de la fiscalización del expediente. El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria, fijada en 53.640 euros.

 

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