El Gobierno de Riba-roja se defiende de la investigación por prevaricación aduciendo un proceso transparente

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Ajuntament de Riba-roja
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La denuncia de Riba-roja Puede ante la Fiscalía por prevaricación en la contratación de la asesoría jurídica del consistorio del Camp de Túria sigue su curso y desde esta formación aseguran que se investiga al alcalde, Robert Raga, por esta causa.

El escrito de la fiscalía asegura que los hechos denunciados “podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación y de fraudes y exacciones ilegales, al haber indicios suficientes de haber un concierto previo entre las empresas propuestas y la Alcaldía para lograr la adjudicación al antiguo prestatario de dicho servicio”.

Ante esta evolución de los acontecimientos, el Gobierno de Riba-roja se ha defendido asegurando que “los gastos jurídicos se han reducido en dos años de gestión en un 50% respecto del anterior ejecutivo del Partido Popular al pasar de los cerca de 42.116 euros anuales de media a los actuales 21.780 euros actuales. Bajo los gobiernos del Partido Popular se llegaron a gastar 547.512 euros en temas jurídicos entre los años 2002 y 2015”, y ha añadido que “la drástica reducción ha sido posible tras la entrada del actual gobierno que licitó un nuevo contrato para la defensa jurídica del ayuntamiento y que ha permitido rebajar a la mitad estas partidas económicas”.

Así, se achaca la denuncia de Riba-roja Puede “a la estrategia calculada y premeditada de este grupo político por atacar y derribar a este gobierno con la ayuda inestimable para ello del Partido Popular; de forma sobrada, se ha demostrado que los servicios jurídicos se adjudicaron a la oferta más barata de las presentadas en un sobre cerrado certificado por los propios funcionarios habilitados nacionales”.

Según un comunicado del consistorio en todo momento”se ha asegurado que el proceso de adjudicación de la defensa jurídica del consistorio se llevó a cabo con absoluta transparencia y limpieza, certificado con la existencia de dos informes municipales elaborados por parte de los departamentos de Secretaría e Intervención con arreglo al pliego de cláusulas administrativas así como las prescripciones técnicas. Estos estudios municipales desmienten la denuncia interpuesta por Riba-roja Puede en la Fiscalía de Valencia en relación a posibles irregularidades en el proceso administrativo”, y añade que los dictámenes municipales establecen que el Ayuntamiento de Riba-roja aplicó el procedimiento establecido para la adjudicación de un contrato menor -menos de 60.000 euros- mediante un negociado sin publicidad recogido en el texto refundido de la ley de contratos del sector público.

Para ello, se presentaron tres ofertas y finalmente se adjudicó la de menor cuantía de ellas por un importe de 53.640 euros para un periodo total de tres años, a razón de 21.780 euros anuales, impuestos incluidos. El órgano de contratación procedió a la apertura de las plicas, examinó la documentación aportada y se clasificaron las mismas de forma que la más ventajosa económicamente fue la adjudicataria.

 

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