El Ayuntamiento de València acusa ahora a la AEPD de “falta de coherencia”

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Fuset, en su presentación del estudio sociológico que ha motivado el expediente de la AEPD

El Consistorio responde al expediente abierto por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) asegurando que “nunca ha tenido datos de carácter personal de las personas que participaron en la encuesta fallera”

La polémica suscitada por la ‘famosa’ encuesta fallera de Pere Fuset sigue cumpliendo capítulo tras capítulo, cerca de convertirse en el culebrón del verano 2017 en València. Tras el agrio rosario de desencuentros del concejal y presidente de la Junta Central Fallera con la Interagrupación de Fallas y su posterior ‘espantada‘ de la Asamblea de Presidentes, se recibió el miércoles pasado en el Ayuntamiento de València un escrito de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el que se anunciaba la apertura de expediente sancionador contra el consistorio del ‘Cap i Casal’ por entenderse gravemente vulnerados los derechos de los encuestados en lo que a protección de datos personales se refiere. Ocurría apenas una semana después de que el mismo Fuset presentara en ‘petit comité’, aprovechando el primer día de agosto, las conclusiones del famoso ‘estudio sociológico’. Un gesto considerado por muchos un brindis al sol con la boca pequeña, para intentar minorar en la medida de lo posible el ruido mediático de su comparecencia.

Pero el expediente abierto por la AEPD ha devuelto al polémico edil al primer plano de la actualidad. El equipo jurídico del consistorio trabaja, según ha informado hoy la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de València, en una serie de alegaciones con las que solicitará a la mencionada entidad el archivo completo del procedimiento que ha abierto, “ya que el escrito se basa en la tenencia y utilización de datos de carácter personal de las personas encuestadas, hecho que nunca se ha producido”. Un tono llamativo para tratarse de una ‘solicitud’. Por si fuera poca ‘leña’ para avivar el ‘fuego’, los técnicos del Ayuntamiento señalan en la misma comunicación hecha pública hoy “que hay una serie de incoherencias muy importantes que a efectos prácticos deje sin motivación el expediente”.

Fuset, en su presentación del estudio sociológico que ha motivado el expediente de la AEPD
Fuset, en su presentación del estudio sociológico que ha motivado el expediente de la AEPD

Desde el ‘Govern de la Nau’ se ha insistido “en el hecho de que nunca se han tenidos datos de carácter personal de las personas encuestadas, hecho que inhabilita el procedimiento de la Agencia de Protección de Datos, ya que basa toda su motivación de las supuestas infracciones en ese punto”. Por su parte, los responsables de la Concejalía de Cultura Festiva aseguran “que esta actuación solo se entiende por una motivación estrictamente política y no desde un punto de vista jurídico”.

En la Concejalía se insiste en el hecho de que “la empresa –de una reconocida solvencia y experiencia en el ámbito de la demoscopia- destruyó esos datos –de validación, normales y habituales en todas las encuestas- el día 1 de julio, tal y como comprobaron dos técnicos de la Agencia de Protección de Datos. Y en el informe elaborado por la Agencia así se reconoce. Por lo tanto, cuando dan un plazo para destruirlas se está cayendo en una incomprensible contradicción”. Sin embargo, lo que realmente no consta es que los datos en cuestión quedaran en custodia tan sólo de la empresa adjudicataria de la encuesta y no llegaran a manos de la concejalía.

Lo cierto, por otro lado, es que la Agencia de Protección de Datos pone el acento en el hecho de que en la encuesta distribuida, que ha estado a disposición no sólo de la ciudadanía sino también de los medios de comunicación -recordemos la exigencia firme del grupo municipal socialista de que se publicara el contenido de misma ante el clamor popular en tal sentido-, no se informara adecuadamente sobre la recogida de datos personales, así como de la identificación del o los responsables de su tratamiento y, sobre todo de los derechos que en este sentido asisten a los encuestados, importando poco si se destruyeran dichos datos o no.

“Motivación política” de la AEPD

El Ayuntamiento de València contraataca al asegurar que, “en todo caso, este es un punto secundario, porque la Agencia de Protección de Datos no ha hecho de momento ningún requerimiento a la empresa encuestadora, sino al Ayuntamiento, quien nunca ha tenido en su posesión ningún tipo de datos personales, tal y como comprobaron los inspectores de la Agencia”, hecho por el que la regidoría de Cultura Festiva sospecha que hay “una motivación política” detrás de la actuación, y por eso solicita el archivo completo del procedimiento.

Por otro lado, los responsables municipales han insistido que todos los datos que están colgados en la web municipal “son datos agregados, sin ningún tipo de información personal (porque el Ayuntamiento nunca las ha tenido en su poder). Y por lo tanto no hay ningún dossier a eliminar ya que la ciudadanía tiene derecho a tener acceso”.

Santamaría pregunta a Ribó “cuál es el plan con Fuset”

El presidente de la gestora del PP de Valencia Ciudad, Luis Santamaría, preguntaba ayer al alcalde de Valencia, Joan Ribó, “cuál es el plan con el concejal Pere Fuset” después del expediente abierto por la AEPD. Según Santamaría, la Agencia “nos da la razón a quienes dijimos que era ilegal, que no se debía haber preguntado nunca por la orientación política de los encuestados, a los que además se identificaba”.

A juicio del presidente de la gestora de Valencia ciudad, “esta multa pone de manifiesto la ausencia de un Gobierno municipal cualificado, la ausencia de un director de orquesta. Ribó no tiene ningún plan para la ciudad, ni para el Gobierno, ni para Fuset. Su único plan consiste en ausentarse e irse de vacaciones de forma recurrente”, señaló.

Santamaría recordaba, además, que el concejal de Compromís “está enfrentado y reprobado por el mundo fallero y además ahora multado por la Agencia de Protección de Datos, cuestiones por las que ya debería haber presentado su dimisión” y se preguntaba “quién va a asumir el pago de la multa”. Así, Santamaría recordaba que según la Ley de protección de datos esta sanción tendría un importe mínimo de 300.000 euros pero que podría llegar a los 1,2 millones de euros. “Mucho nos tememos que acabarán pagándolo todos los valencianos en lugar de asumirlo Fuset o Compromís”.

“Fuset y Ribó no pueden hacer lo que quieran desde el Ayuntamiento, porque aunque Compromís no lo crea, y es algo que también la pasa a Oltra, nadie está por encima de la Ley”, manifestaba Santamaría. Por último, el dirigente popular señaló que la ciudad de Valencia “tiene muchas más urgencias que las encuestas de Fuset y el pago de multas cuantiosas, cuyo dinero podría destinarse a limpiar la ciudad de insectos, ratas y ramas de árboles caídos”.

Al contraataque: El PP hace un uso partidista de las instituciones

A este respeto, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha cuestionado hoy “si el grupo municipal del PP tiene información privilegiada cuando han asegurado públicamente de que el Ayuntamiento será multado –ya que el procedimiento está abierto y el consistorio debe presentar aún las alegaciones-“.

“Luis Santamaria debería explicar cómo y porqué sabe con antelación como acabará este procedimiento y si dispone de información privilegiada”. Postreramente, se ha lamentado que el PP “haga una utilización partidista de las instituciones públicas como últimamente se está viendo en varios casos adscritos a dinamitar la acción de los gobiernos del cambio y dar una sensación de caos que no se corresponde con la realidad de una encuesta bien planteada y bien ejecutada que ha aportado información muy valiosa para los agentes festivos y el conjunto de la ciudadanía”.

Lo que es indudable, sea cual sea el resultado del debate abierto en el seno del Ayuntamiento, es que el camino emprendido por Fuset ante la AEPD es un camino sin retorno que podría acabar incluso en el abismo de su propia dimisión, como ya ocurriera en el ya ex edil Jordi Peris, arrastrado por la vinculación de Rafael Monterde con la trama del Caso Cooperación. Un extremo que dejaría seriamente tocado al ‘Govern de la Nau’, puesto que sería la segunda crisis municipal, de la que oportunamente el PSPV ha sabido desmarcarse muy a tiempo.

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