Altea pagará 1.412.000 euros a la empresa FCC Medio Ambiente en cumplimiento de una sentencia del TSJ

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Uno de los momentos del pleno.

La corporación municipal del ayuntamiento de Altea se reunía el jueves, 2 de marzo, en sesión plenaria para tratar, entre otros asuntos, la aprobación de la propuesta de liquidación de contratos de FCC Medio Ambiente.

En su intervención; el concejal de Hacienda, Pere Lloret, explicó que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, de 29 de noviembre de 2016, condena al ayuntamiento de Altea al pago de 1,4 millones de euros a FCC Medio Ambiente para la revisión de precios no efectuada entre los años 2007 y 2013. El plenario aprobaba por unanimidad esta propuesta de liquidación a la mercantil.

El concejal recordó que FCC Medio Ambiente fue la empresa concesionaria de la basura y la limpieza de Altea entre los años 1997 y 2007. No obstante, con la concesión finalizada, FCC continuó prestando el servicio y facturando al municipio hasta junio del año 2013, cuando la empresa pública se hizo cargo de la encomienda. El ayuntamiento de Altea tiene que pagar la cantidad por la revisión de precios hasta este último periodo.

Tal y como informan fuentes municipales, el Partido Popular dejó vencer la concesión sin preparar una nueva licitación. Explicaba el concejal que”es difícil valorar ahora el impacto económico de esta inacción, pero la primera cuestión que me planteé cuando estudiaba este asunto fue por qué el PP no actuó cuando se acercaba el vencimiento de la concesión. ¿Había alguna intención, alguna razón en esa falta de interés o fue pura negligencia?”.

La sentencia deja el pago en 1.412.000 euros, una vez recalculadas las liquidaciones correctas, por lo que el Ayuntamiento se ahorrará más de 500.000 euros frente a los cerca 2 millones de euros que la empresa reclamaba inicialmente. El Ayuntamiento financiará el pago mediante un préstamo ICO que deberá devolver en los próximos 10 años. De hecho, el consistorio ya solicitó el año pasado adherirse al Fondo de Impulso Económico del Estado para poder hacer frente a los pagos por sentencias judiciales.

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